En noviembre de 1998 Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, publicó en su periódico un editorial titulado “Desarmar los mercados financieros” en el que mencionaba la necesidad de poner freno a las transacciones financieras especulativas a través de la creación de un impuesto que denominaba Tasa Tobin y que en español debería llamarse Impuesto Tobin, aunque por razones prácticas se ha mantenido su denominación original en todos los idiomas Fue tal el interés despertado por dicho artículo que se transformó en una verdadera convocatoria a partir de la cual nació ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras especulativas y de Ayuda a los Ciudadano), uno de cuyos principales propósitos era difundir esta idea.
La Tasa Tobin había sido planteada en 1972 por el economista James Tobin -miembro del Consejo Económico del presidente John F. Kennedy y Premio Nobel de Economía en 1982- con el objeto de controlar la especulación financiera alentada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y los EEUU y evitar los grandes desequilibrios económicos mundiales capaces de afectar severamente y en tiempo record a uno o más de los países del orbe, tal como sucedió en sendas oportunidades en el Sudeste asiático y en México.
La propuesta de Tobin consiste en imponer un pequeño impuesto (0,1 a 0,5%) sobre las transacciones de cambio entre monedas, para desincentivar la circulación financiera puramente especulativa sugiriendo que la aplicación de este impuesto serviría según sus propias palabras para “arrojar algo de arena en los engranajes de nuestros excesivamente eficientes mercados monetarios internacionales”. La ONU estima que bastarían entre 30 y 40.000 millones anuales para resolver los problemas de la pobreza y de la degradación ambiental mundiales, dinero que se podría recaudar aplicando un impuesto de solo un 0,25% al movimiento de capitales especulativos.
La tasa Tobin supone que quienes detentan capitales no esperarían una ganancia sobre el mercado de cambios superior a la tasa pero esto exige una concertación internacional para evitar los paraísos especulativos. Al menos, los países del G7, la Unión Europea, Suiza, Australia, Hong Kong y Singapur deberían poderse de acuerdo, ya que casi la totalidad de las transacciones tienen lugar en sus plazas financieras. Transacciones que son de carácter permanente pues los mercados de cambio se mantienen abiertos a lo largo de los días y de las noches a causa de la rotación cotidiana.
Lo particularmente novedoso de este planteo es que no son ni el Banco Mundial ni el FMI los encargados de recaudar el dinero destinado a paliar las grandes carencias que existen en el mundo sino que la propuesta incluye destinar el dinero recaudado a la creación y el mantenimiento de un Fondo que podría ser administrado por los propios beneficiarios aunque pese al tiempo transcurrido no se ha avanzado aún lo suficiente como para definir la forma ni el funcionamiento de dicho Fondo. El principal obstáculo no es técnico como lo sugieren algunos críticos sino la falta de voluntad política para aplicarlo
Los primeros gobiernos que reconocieron la validez de la propuesta Tobin fueron Canadá y Finlandia. Francia a través de la creación en el Parlamento de un Grupo Tobin logró su aprobación pero “ad referéndum” de que el mismo sea aprobado por toda la Comunidad Europea. Algo similar ha sucedido en Bélgica. En Latinoamérica hubo un inicial entusiasmo por desarrollar proyectos similares pero excepto en Brasil y en Chile, adonde quedaron en suspenso, y pese a que se han producido dos Llamados Mundiales uno de los Parlamentarios y otro de los Economistas tendientes a sensibilizar a los poderes políticos, sobre la importancia de incorporar a las diferentes legislaciones proyectos similares que pongan freno a la especulación financiera, la idea se encuentra temporalmente congelada.
Susana Merino
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