Bruno Jetin
Debo decir en primer término que para mí el problema del desarrollo no se reduce evidentemente a una cuestión de dinero y de financiamiento.
Para mí el desarrollo consiste ante todo en el ejercicio de los derechos del hombre y de los derechos sociales y en la posibilidad de que las poblaciones locales puedan definir sus programas de desarrollo local llevados a cabo por sus representantes políticos y el propio Estado. Lo que también supone para mí que las poblaciones de los países del Sur puedan movilizarse socialmente para poner en práctica los derechos definidos por innumerables cartas internacionales o nacionales pero que lamentablemente constituyen muy a menudo hermosos documentos pero en realidad escasamente aplicados.
Sin embargo, el dinero, el financiamiento resultan indispensables para lograr el desarrollo, aunque estos no sean los aspectos más interesantes. Un solo ejemplo basta, durante el segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre, se realizaron una serie de talleres en que se debatieron temas relacionados con la educación, en los que se reafirmaba asimismo la prohibición del trabajo infantil, dado que todos los niños deberían concurrir a la escuela para recibir educación. Este tema, que es una cuestión de derecho, está íntimamente vinculado al conjunto de la situación social de los pueblos del Tercer Mundo y por lo tanto relacionado con los problemas del financiamiento.
No se puede prohibir simplemente el trabajo de los niños a través de un decreto, no se puede encarar la asistencia escolar otorgándoles becas o subsidios escolares. Es necesario tener también en cuenta, lamentablemente, que para que los niños vayan a la escuela es necesario que sus familias cuenten con un ingreso mínimo de subsistencia que les permita comer, vestirse, alojarse, trasladarse lo que actualmente no sucede entre la inmensa mayoría de los habitantes de los países del Sur.
Por lo tanto mientras no se realice un enfoque global que integre los derechos sociales con el derecho a la existencia y por lo tanto al financiamiento, no se podrá avanzar en el ejercicio de esos derechos.
Otra condición es que cuando uno piensa en nuevas fuentes de financiamiento, es necesario insistir en que los nuevos recursos no deben reemplazar a los ya existentes. Es decir que no es posible permitir a los integristas de la ideología neoliberal la utilización de los nuevos recursos financieros para reducir aún más los impuestos nacionales, ya que reducir cada vez más los impuestos, los impuestos a las empresas, especialmente sobre los beneficios de las multinacionales y hasta los impuestos sobre las familias, constituye parte inescindible de la lógica liberal. Por lo tanto no debe permitirse que las nuevas fuentes de financiamiento se apliquen a la continuidad de los programas neoliberales de reducción de los recursos fiscales nacionales. En síntesis no se trata de reemplazar las fuentes fiscales nacionales por nuevas fuentes fiscales internacionales, puesto que de este modo no se dispondrá de una fuente financiera complementaria sino que en el mejor de los casos solo se procederá a producir una sustitución.
En tal sentido es importante destacar que cuanto más pobres son los países menor es la presión impositiva. Según cifras publicadas por la OCDE, el promedio impositivo en los países ricos es equivalente al 26% de su PNB, el 19% en los países intermedios y solo el 9% en los países más pobres del planeta. Esto pone en evidencia que cuanto más pobres menores son los recursos financieros domésticos. Esto sucede ya sea porque el país es pobre y no puede obtener en consecuencia recursos fiscales importantes o sea porque cuanto más pobre se es, menos voluntad política existe, por parte de los gobiernos ( o menos disponen de los medios) de aplicar impuestos a las ganancias de las empresas o a los ingresos de las capas más ricas de la población. El ejemplo más dramático ( aunque existen muchos otros) es el de Argentina, en la que históricamente el Estado ha sido incapaz de aplicar un impuesto sobre los altos ingresos de las clases más altas de su población, los grandes terratenientes, los dueños de las minas, de las mayores riquezas y otro tanto ha sucedido con las empresas más importantes.
Otra consideración previa es la referida a que la aparición de nuevas fuentes de financiamiento no debe hacer que los países ricos omitan la necesidad de acrecentar su ayuda pública al desarrollo, bajo la forma de donaciones para lo más esencial, hasta un monto por lo menos equivalente al 0,7% de su PNB, que no es precisamente lo que esté sucediendo, máxime cuando para la conferencia sobre financiamiento del desarrollo llevada a cabo en Monterrey en marzo pasado, existió, entre líneas, la fuerte tentación de evidenciar que los países ricos no quieren seguir aportando el 7% de su PNB comprometido en concepto de ayuda pública al desarrollo. Por lo tanto sería mucho más práctico reemplazarlo por impuestos globales, como suele decirse, lo que permitiría aumentar el financiamiento para los países en desarrollo liberando a los países ricos de aumentar la ayuda pública al desarrollo.
La tercera consideración se relaciona con el hecho de que la deuda de los países en desarrollo debe ser anulada y que las nuevas fuentes de financiamiento no deben ser puestas al servicio del pago de la deuda. Esto talvez sea evidente pero a veces es bueno recordarlo, porque cuando se menciona la Tasa Tobin u otros impuestos globales similares, se está tentado de pensar que lo recaudado podría servir en parte para pagar la deuda, lo que a todas luces es un absurdo, ya que continuaría el inicuo proceso por el que los países del Sur financian el crecimiento de los países del Norte en lugar de ser destinado al financiamiento del desarrollo de los países del Sur.
De acuerdo con los estudios realizados por el CADTM Comité para la Anulación de la Deuda de los países del Tercer Mundo) dejar de pagar la deuda, que ya han reembolsado con creces, les reportaría a los países del Sur un ahorro de 300 mil millones de dólares anuales.
Finalmente la última condición que conviene mencionar es que los Estados ricos tanto como los pobres deberían destinar una parte prioritaria de sus presupuestos al gasto social. Y aún más a los gastos sociales dedicados a los más pobres, pero no solo a los más pobres entre los pobres, sino al conjunto de la población que no pertenece a la categoría de los más ricos. Según la UNICEF, no es esto lo que actualmente sucede, dado que muchos de los gastos en salud de los países del Sur no están destinados precisamente a las categorías más desprotegidas sino más bien a las clases medias o a las categorías más ricas de la población. Existen desigualdades que se duplican dentro de un mismo país, de modo que es preciso verificar que cuando los estados nacionales realizan inversiones sociales y se sabe que son insuficientes, que por lo menos estén destinadas a las categorías más desprotegidas de la población , las más excluidas y no las capas medias o la burguesía nacional. Dicho de otra manera no se deben construir hospitales públicos ultramodernos para una pequeña minoría sino infraestructuras de salud que beneficien a la población mas marginada.
Otro elemento importante tiene que ver con que los gastos sociales deben servir para reducir las desigualdades sociales y de género que a menudo van juntas y se duplican. En materia de educación, por ejemplo, en Nepal el 41% de los hombres saben leer y escribir pero solo un 14% de las mujeres.. La proporción de jovencitas y de mujeres que no asistieron nunca a la escuela es de un 85% entre el 20% de las más pobres y de un 54% entre el 20% de las más ricas.
Sobre esta base, si estos criterios y estas consideraciones son respetados, las nuevas fuentes de financiamiento, también llamados impuestos globales, pueden constituir fuentes de financiamiento complementarias de la ayuda pública al desarrollo.
Procedamos entonces a contabilizar las fuentes potenciales de financiación para el desarrollo. En primer término analizaré los costos de un financiamiento para el desarrollo que denominaré de acuerdo con los organismos internacionales, desarrollo mínimo.
El primer recurso financiero es la ayuda pública al desarrollo proporcionada por los países ricos. Si los 22 países ricos que agrupa la OCDE destinaran realmente el 0,7% de sus PNB a la ayuda pública al desarrollo esta podría alcanzar actualmente los 54 mil millones de dólares a razón de 156 mil millones por año. Dicho de otro modo se destinarían 100 mil millones de dólares suplementarios como ayuda al desarrollo
Todas estas cifras constan en los documentos preparatorios de la Conferencia de Monterrey, en los documentos de la OCDE, que están al alcance de todos en los sitios internet de las respectivas instituciones, la ONU, la OCDE y otras agencias de la ONU.
Por lo tanto la primera fuente de financiamiento, la ayuda pública al desarrollo de un 7% contribuiría con 100mil millones de dólares.
Segunda fuente financiera, los impuestos globales. En primer término el impuesto a las transacciones de divisas también conocido como Tasa Tobin.
Según mis propios cálculos, voluntariamente pesimistas (he partido de las hipótesis más severas para obtener valores creíbles) un impuesto de 0,1% sobre la comercialización de divisas en 2001, según las últimas cifras del banco de regulaciones internacionales, las transacciones de cambio cotidianas ascienden a 1200 mil millones de dólares por año (por cierto han bajado porque en el 98 llegaban a 2500), de modo que un impuesto del 0,1% produciría ingresos por valor de 116 mil millones.
Me he basado en las siguientes hipótesis:
- costos iniciales del 0,1% (lo que equivale, con un impuesto del 0,1% a la duplicación de los costos finales de la transacción)
- una elasticidad en el volumen de –0,5, hipótesis aparentemente razonable.
- He deducido el total de las transacciones oficiales realizadas por los bancos centrales de los diferentes países.
- Una hipótesis de fraude fiscal del 50%, considerablemente elevado, desde luego (los informes oficiales suelen prever un 20 a un 30%) , como para evaluar cuánto queda.
De este modo se obtendrían 160 millones de dólares, que podríamos redondear en 100 millones, ya que se trata de una estimación que podría aproximarse a la realidad sin pecar de demasiado optimista.
Por lo tanto tendríamos 100 millones procedentes de la ayuda pública al desarrollo proporcionada por los países ricos a partir del 0,7 % de su PBN
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